ONU: “Los procedimientos penales y la pena de muerte están siendo utilizados como arma por el gobierno iraní”

“Los procedimientos penales y la pena de muerte están siendo utilizados como arma por el gobierno iraní para castigar a las personas que participan en las protestas e infundir miedo en la población con el fin de acabar con la disidencia, en violación del derecho internacional de los derechos humanos”, ha declarado este lunes el Jefe de Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk.

Cuatro personas ejecutadas

-Cuatro personas que participaron en las recientes manifestaciones han sido ejecutadas en el último mes tras juicios acelerados que no cumplieron las garantías mínimas de un juicio justo y el debido proceso exigidos por el derecho internacional de los derechos humanos vinculante para Irán, por lo que sus ejecuciones equivalen a una privación arbitraria de la vida-, ha afirmado.

«La militarización de los procedimientos penales para castigar a personas por ejercer sus derechos básicos -como las que participan en manifestaciones o las organizan- equivale a un homicidio sancionado por el Estado», afirmó Türk. 

«El gobierno de Irán serviría mejor a sus intereses y a los de su pueblo escuchando sus quejas y emprendiendo las reformas jurídicas y políticas necesarias para garantizar el respeto a la diversidad de opiniones, los derechos a la libertad de expresión y reunión, y el pleno respeto y protección de los derechos de la mujer en todos los ámbitos de la vida.»

Violaciones de las garantías procesales

Las violaciones de las garantías procesales y de un juicio justo registradas por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU incluyen: aplicación de disposiciones penales vagamente redactadas; denegación del acceso a un abogado de elección y del derecho a presentar una defensa; confesiones forzadas obtenidas mediante tortura y malos tratos; incumplimiento de la presunción de inocencia; y denegación de un derecho significativo a recurrir la condena.

Además, añadió Türk, las penas de muerte se impusieron tras condenas por cargos -como moharebeh (librar una guerra contra Dios) y efsad-e fel arz (corrupción en la tierra)- que distan mucho de ser «los delitos más graves», como exige el derecho internacional de los derechos humanos. Se trata de delitos de extrema gravedad, como el homicidio intencionado.

Según los informes, la primera de las cuatro ejecuciones -la de Mohsen Shekari- se llevó a cabo el 8 de diciembre de 2022.  Cuatro días después, Majdireza Rahanavard fue ejecutado sólo 23 días después de su detención el 19 de noviembre. El 7 de enero de 2023 fueron ejecutados Mohammad Mehdi Karami y Mohammad Hosseini. Todos fueron ejecutados en secreto sin que se informara a sus familias. Esto constituye en sí mismo una violación del derecho internacional de los derechos humanos.

Según informes, al menos otras 17 personas han sido condenadas a muerte, y hasta 100 más se enfrentan a cargos por delitos punibles con la pena capital.

Miles de personas han sido detenidas desde que estallaron las protestas en todo el país el pasado septiembre tras la muerte de Jina Mahsa Amini, que falleció poco después de ser detenida por llevar indebidamente su hiyab. Cientos de personas han muerto en la represión gubernamental contra los manifestantes.

Mohammad Boroughani y Mohammad Ghobadiou

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha recibido información de que son inminentes otras dos ejecuciones: la de Mohammad Boroughani, de 19 años, y la de Mohammad Ghobadiou, de 22.

«Reitero una vez más mi llamamiento al gobierno de Irán para que respete la vida y la voz de su pueblo, imponga una moratoria inmediata sobre la pena de muerte y detenga todas las ejecuciones», ha manifestado el Alto Comisionado para los Derechos Humanos.

«Irán debe tomar medidas sinceras para emprender las reformas que exige y demanda su propio pueblo para el respeto y la protección de sus derechos humanos«, senteció.

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Nota de Prensa

Prensa LOV/CCGuerra