El gobierno de Panamá decretó este martes un «estado de emergencia» en una provincia caribeña donde la filial de la bananera estadounidense Chiquita Brands despidió a unos 5.000 trabajadores.
El gobierno de Panamá decretó este martes un «estado de emergencia» en una provincia caribeña donde la filial de la bananera estadounidense Chiquita Brands despidió a unos 5000 trabajadores por una huelga que ha dejado pérdidas millonarias.
La medida regirá en la provincia de Bocas del Toro, donde la bananera tiene una planta cuyos trabajadores iniciaron la huelga hace un mes en rechazo a una reforma de pensiones aprobada en marzo por el Congreso.
Los huelguistas han protestado y bloqueado rutas en esa provincia fronteriza con Costa Rica, lo que ha provocado escasez de combustible y algunos alimentos. Además, no hay clases en las escuelas.
«La declaración del estado de emergencia no implica bajo ninguna circunstancia intervenir en la apertura de los bloqueos [de rutas] que tienen las comunidades», dijo el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac.
«Esto más bien es para activar [económicamente] a la provincia», añadió Orillac, al anunciar la medida adoptada en una reunión del gabinete del presidente derechista José Raúl Mulino.
El estado de emergencia faculta al gobierno a agilizar procesos burocráticos para enfrentar crisis económicas o sociales de manera más rápida.
Chiquita, que empleaba a más de 7000 trabajadores, despidió la semana pasada a unos 5000 empleados por «abandono injustificado de labores» en su planta de Changuinola, en Bocas del Toro.
La huelga ha provocado «daños irreversibles en la producción» de banano por el «abandono total» de las fincas, según la compañía.
La empresa mantiene suspendidas la siembra, empaque y exportación de banano, así como las tareas administrativas por la huelga que, según la compañía, ha generado pérdidas superiores a los US$75 millones.
«[Vamos] a tratar de conversar con aquellas personas que están bloqueando las áreas y obviamente tratar de llevarle una solución en lo que sea posible de parte del gobierno», indicó Orillac.
El presidente Mulino advirtió el viernes que se perderían miles de empleos si seguía adelante la huelga, considerada «ilegal» por un tribunal laboral.
Una delegación del gobierno mantiene negociaciones con los sindicatos, que piden aprobar una ley que restaure los beneficios que, según ellos, les brindaba la normativa anterior sobre pensiones y servicios de salud.
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Prensa LOV/Carmen Cecilia Guerra