La Corte Suprema de Estados Unidos permitió a la administración del presidente Donald Trump reanudar las deportaciones de migrantes a naciones distintas de su país de origen.
Con seis votos a favor y tres en contra, los jueces revocaron una orden de un tribunal inferior que exigía al gobierno brindar a los migrantes una «oportunidad significativa» para informar a las autoridades sobre los riesgos que podrían enfrentar al ser deportados a un tercer país.
Las tres juezas liberales de la corte emitieron una larga disensión argumentando que el fallo mayoritario «premiaba la ilegalidad».
El gobierno podrá ahora enviar a los migrantes a una base militar estadounidense en Yibuti o Sudán del Sur.
El juez afirmó que esos migrantes tenían derecho al debido proceso, es decir, a ser notificados de su destino y a la oportunidad de argumentar que corrían peligro de ser torturados o asesinados si eran enviados a dichos países.
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Posteriormente, el juez declaró que un vuelo de deportación a Sudán del Sur había violado su orden.
La deportación incluía a ocho migrantes de Myanmar, Sudán del Sur, Cuba, México, Laos y Vietnam, enviados en un avión que supuestamente se dirigía a ese país africano, un país plagado de violencia y en el que la mayoría de ellos nunca habían puesto un pie.
El vuelo, sin embargo, aterrizó en Yibuti, donde hay una base militar estadounidense. Los hombres han permanecido retenidos allí desde entonces.
Aunque la orden del juez Murphy se aplicaba a muchos migrantes, la atención pública desde entonces ha estado centrada en esos ocho hombres, que habían sido calificados por la administración Trump de «lo peor de lo peor».
La decisión de la Corte Suprema bloquea temporalmente la orden del juez Murphy.
En su disensión, las juezas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson criticaron el fallo de la mayoría, calificándola de «grave abuso».
«Aparentemente, la corte considera más aceptable la idea de que miles de personas sufran violencia en lugares lejanos que la remota posibilidad de que un tribunal de distrito se exceda en sus facultades correctivas cuando ordenó al gobierno que proporcionara la notificación y el proceso al que los demandantes tienen derecho constitucional y estatutariamente», escribió Sotomayor.
«Ese uso de discreción es tan incomprensible como inexcusable», agregó.
La declaración de un solo párrafo, sin firmar, de la mayoría conservadora de la Corte Surpema no explica sus razones para poner en pausa la decisión de Murphy.
El fallo de la Corte de este lunes representa otra victoria para el presidente Trump en su búsqueda de deportaciones masivas.
El Departamento de Seguridad Nacional afirmó que el fallo era «una victoria para la seguridad del pueblo estadounidense».
«¡Que se enciendan los aviones de deportación!», dijo la portavoz de la agencia, Tricia McLaughlin.
El gobierno de Trump afirmó que los ocho migrantes vinculados al caso habían cometido «crímenes atroces» en Estados Unidos, incluyendo asesinato, incendio provocado y robo a mano armada.
Sin embargo, los abogados de los migrantes declararon ante la Corte Suprema que muchos de los detenidos no tenían antecedentes penales.
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La Alianza Nacional de Litigios de Inmigración, que representa a los demandantes, calificó el fallo de la corte de «horrendo».
Su directora ejecutiva, Trina Realmuto, afirmó que la decisión expone a sus clientes a «tortura y muerte».
Poco después del fallo, los abogados de los migrantes presentaron una moción de emergencia ante el juez Murphy solicitando que continuara bloqueando las deportaciones.
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En una breve orden emitida el lunes por la noche, el juez indicó que los migrantes en Yibuti por ahora están protegidos de una remoción inmediata debido a un fallo distinto emitido previamente por él.
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Prensa LOV/Carmen Cecilia Guerra