El ayuntamiento de Los Ángeles aprobó el martes una ordenanza de «ciudad santuario» que prohíbe el uso de recursos municipales para la aplicación de la ley de inmigración y que las dependencias locales compartan información sobre personas sin estatus legal con las autoridades migratorias federales, en previsión de posibles deportaciones masivas durante el gobierno entrante del presidente electo Donald Trump.
Los concejales votaron unánimemente a favor de la medida, uniéndose a más de una docena de ciudades en Estados Unidos con disposiciones similares.
Las ciudades o estados santuario no son términos legales, pero han llegado a simbolizar un compromiso para proteger y apoyar a las comunidades de inmigrantes y rechazar la entrega voluntaria de información a la policía migratoria. Sus defensores aseguran que son refugios para que los inmigrantes se sientan seguros y puedan denunciar delitos sin temor a ser deportados.
La medida volverá al consejo para una segunda votación como formalidad. La alcaldesa Karen Bass, quien tiene el poder de vetarla, ha dicho que apoya la ordenanza.
Debido a las promesas de Trump de lanzar una batida contra los inmigrantes cuando regrese a la Casa Blanca en enero, los defensores de la inmigración instaron a los miembros del consejo de Los Ángeles a actuar rápidamente.
«Vamos a enviar un mensaje muy claro de que la ciudad de Los Ángeles no cooperará con el ICE de ninguna manera», dijo el concejal Hugo Soto-Martínez, usando las siglas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas.
- «Queremos que la gente se sienta protegida y pueda tener fe en su gobierno y que las mujeres puedan denunciar violencia doméstica, delitos», agregó.
Soto-Martínez, uno de los concejales que presentó la propuesta inicial el año pasado, dijo que sus padres y muchos de los habitantes que representa son inmigrantes sin estatus regularizado. Están «integrados en la comunidad» y trabajan como cocineros, como niñeras o limpiando casas, afirmó.
Sin embargo, no está claro cuánto cambiará bajo la ordenanza, ya que la ciudad de antemano no coopera con las autoridades federales migratorias.
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Prensa LOV/CCGuerra