El alcalde Chilpancingo, Alejandro Arcos, aparecía este jueves en los medios locales dando la cara tras el asesinato de su secretario general en el ayuntamiento, Francisco Tapia, que acababa de ser tiroteado en una calle del centro de la ciudad: “Es muy doloroso, muy lamentable. Exigimos justicia para que este crimen no quede impune”.
Su mano derecha llevaba tan solo tres días en el cargo, ambos habían tomado posesión el lunes como parte del nuevo gobierno local del PRI. Otros tres días después, ha sido el propio Arcos el que ha sido asesinado este domingo.
La capital del Estado de Guerrero, uno de los más pobres y olvidados de México, profundiza la espiral de violencia y descomposición social que se extiende por amplias zonas del Estado, sumido en mil batallas entre grupos del crimen por el control del territorio.
El asesinato de Arcos ha sido confirmado por Alejandro Moreno, el presidente del PRI, y la Fiscalía estatal, sin dar muchos más detalles.
Medios locales apuntan a que el alcalde fue decapitado. Según las mismas fuentes, su cabeza apareció a media tarde sobre el techo de una furgoneta blanca, con el resto del cuerpo en el asiento del conductor. Arcos había pasado la mañana visitando los barrios más afectados por las lluvias e inundaciones que están haciendo estragos en buena parte del Estado.
Guerrero, y en particular Chilpancingo, lleva los últimos años siendo el centro de una guerra entre grupos criminales. En concreto, Los Tlacos y Los Ardillos, parte de una galaxia de mafias locales que pelean entre sí tras la caída de las grandes organizaciones.
El objetivo es la disputa del territorio para controlar todo tipo de negocios. No solo el narcotráfico, que tiene una larga tradición en Guerrero, productor de opio y marihuana en la sierra, a poco más de una hora en coche desde la capital. Secuestro, extorsión, trata de personas, transporte, alimentación, cualquier actividad que de algo dinero.
Las mafias son parte de una maraña de intereses económicos y políticos que, sumada a la debilidad, cuando no abandono institucional, provoca un cóctel explosivo que hace difícil identificar sus ingredientes.
En verano del año pasado aparecieron siete cuerpos despedazados en una céntrica plaza de la ciudad y un mensaje a la entonces presidenta municipal, Norma Otilia Hernández, a quien le pedían una reunión, un “segundo desayuno”, en palabras criminales estampadas en las paredes. Días después comenzó a circular un video que mostraba a la alcaldesa dando la mano al supuesto líder de los Ardillos, Celso Ortega Jiménez.
La presión fue subiendo las siguientes semanas, con escenas de caos y terror en las que una muchedumbre tomaba el centro de la ciudad con incendios y narcobloqueos que provocaron el cierre de comercios y colegios.
El control del transporte local, taxis y autobuses, estaba en el origen de la crisis. La batalla dejó seis choferes muertos y varios heridos. Apenas un mes después, en septiembre del año pasado, un grupo de sicarios asesinó a tiros al jefe de Fiscalía General de la República en Guerrero, Fernando García, en plena calle al sur de la capital.
Desde mucho antes, Guerrero arrastra un largo historial de violencia y conflictividad social. Desde la represión silenciosa de los grupos guerrilleros en los años 60 y 70, los años de plomo del gobierno priista, hasta la traumática desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. El caso es un arquetipo de todos los males del Estado y por extensión, de México entero.
Este año se cumple una década sin apenas avances en la investigación. La tesis principal sigue siendo que narco y autoridades locales actuaron juntas para atacar a los muchachos, de los que apenas se han podido identificar un par de restos de huesos.
Ya este año, otro grupo de normalistas prendieron fuego en abril al parlamento estatal en Chilpancingo por el asesinato a manos de la policía de otro de sus compañeros.
Otro actor más en medio del huracán ha sido la Iglesia. Los obispos de las diócesis locales han intervenido como mediadores entre los grupos criminales en busca de una paz que no logran las autoridades. De momento, la respuesta de la gobernadora morenista, Evelyn Salgado, al asesinato este domingo del alcalde de Chilpancingo ha sido poner un tuit condenando el atentado.
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Prensa LOV/CCGuerra