La copresidencial de Nicaragua ya suma siete salidas de organismos de la ONU desde febrero. El último portazo fue contra la agencia para los refugiados, luego de denunciar la dramática situación de los nicaragüenses desplazados en suelo costarricense
Daniel Ortega y Rosario Murillo ha retirado este 12 de junio a Nicaragua de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), en una decisión cargada de la habitual virulencia diplomática que profundiza su quiebre casi total con la Organización de Naciones Unidas (ONU).
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La salida se produce semanas después de que Acnur hiciera un llamado urgente a la comunidad internacional por la crisis de desplazados nicaragüenses en Costa Rica.
La cancillería sandinista justificó la ruptura con acusaciones ya habituales: que Acnur actúa con “doble rasero” y “manipulación”, al “servicio de las Potencias” que irrespetan la soberanía nacional.
Sin embargo, el trasfondo inmediato parece ser otro: el 9 de mayo, Acnur alertó que la falta de fondos estaba poniendo en riesgo la atención a miles de personas nicaragüenses refugiadas y solicitantes de asilo en Costa Rica.
Ese mismo informe detallaba que el 83% de quienes buscan protección en ese país son nicas, y que sus condiciones de vida dependen de ayuda humanitaria cada vez más escasa.
Para marzo de 2025, Costa Rica había acogido a más de 194 000 solicitantes de asilo y refugiados de Nicaragua, lo que equivale al 4% de la población total costarricense.
Acnur denunció que su capacidad operativa en el país se redujo un 77%, y que se han suspendido servicios esenciales como asesoría legal, atención infantil, salud mental, educación o acceso al empleo.
“En los últimos años, la ayuda humanitaria, que incluye el apoyo financiero que ha facilitado la integración, ha permitido que miles de nicaragüenses en Costa Rica tengan acceso a asesoramiento legal, puedan navegar los trámites de asilo y busquen otras vías regulares”, argumenta Acnur.
“Asimismo, ha facilitado la prestación de servicios esenciales, como la protección de la infancia, el cuidado de la salud mental, la educación, la capacitación y el acceso al empleo, poniendo especial atención a las mujeres, niñas y niños, y personas que viven en áreas alejadas o de alto riesgo. Por desgracia, este salvavidas está en riesgo. El mordaz recorte a la financiación ha provocado la drástica suspensión o cancelación de muchos servicios esenciales”.
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El sistema de asilo en sí mismo está bajo presión, insiste la agencia especializada. En Costa Rica, hay más de 222 000 solicitudes de asilo pendientes de resolución (incluidas aquellas presentadas por personas provenientes de otros países).
Eso supone un cuello de botella que amenaza todo el sistema de protección. “Se suma que, la capacidad operativa de registro de la oficina de Acnur en Costa Rica disminuyó un 77%, lo cual ha ralentizado procesos claves como la identificación de casos vulnerables y derivación a servicios de empleo, educación o atención médica, entre otros”, enfatiza el comunicado que, al parecer, causó la ira de los Ortega-Murillo.
Lejos de admitir esa crisis humanitaria, el gobierno Ortega-Murillo reaccionó con una respuesta diplomática incendiaria y unilateral: “notificamos nuestra decisión soberana de retirarnos a lo inmediato de la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR (sic)”.
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Con esta nueva ruptura, Nicaragua acumula siete salidas de organismos de Naciones Unidas desde febrero: FAO, Consejo de Derechos Humanos, OIT, Organización Internacional para las Migraciones, OACNUDH, Unesco (tras premiar a La Prensa) y ahora Acnur. También ha bloqueado cualquier vínculo con el Grupo de Expertos de la ONU que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos desde la represión de abril de 2018.
Acnur no tenía actualmente oficinas en Nicaragua, y tampoco ejecutaban proyectos dentro del territorio nacional, pero sí mantenían un “punto focal” en el país. Habían proyectos “interagenciales” o regionales que se ejecutaban en el resto de países, pero no se hacían en Nicaragua.
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Prensa LOV/Carmen Cecilia Guerra
Agencia