Qué es la ley de amnistía que Pedro Sánchez y ERC han pactado para sacar adelante la investidura y que mantiene a los ciudadanos en la calle con fuerte protestas

La amnistía se posicionó desde el principio en el centro de las negociaciones de Sánchez con los independentistas.

La ejecutiva de ERC avaló un acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, cuyas líneas maestras son la promesa de una ley de amnistía y el traspaso «integral» del servicio Rodalies al Govern catalán. Por su parte, Junts se encuentra estudiando si da por buena la propuesta socialista y, por el momento, los de Puigdemont no dan por cerrado el pacto.

A falta de que se conozcan los detalles sobre el acuerdo, fuentes conocedoras de la negociación explican a Europa Press que la ley de amnistía abarcará 10 años —desde la preparación en 2013 de la consulta soberanista de 2014 hasta la actualidad— y que incluirá, entre los beneficiados de la medida, a los encausados por los desórdenes del Tsunami Democràtic y los Comités de Defensa de la República (CDR).

Con estos términos, la normativa librará de juicio oral a los 12 miembros de los CDR procesados por un delito de pertenencia a organización terrorista que, según el juez, planearon ocupar el Parlament de Cataluña y que participaron en los cortes de carreteras o levantamientos de barreras de peaje.

Las mismas fuentes han confirmado que el registro de esta proposición de ley es inminente y que se formalizará en las próximas horas, dado que existe un principio de acuerdo sobre el grueso del texto y, ahora, los contactos se centran en limar los últimos aspectos técnicos.

Ante esta inminencia, el PP pretende utilizar su mayoría absoluta en el Senado para, al menos, obstaculizar la aprobación de la ley de amnistía. Fuentes del partido aseguran que el grupo popular ha registrado una propuesta de reforma del reglamento de la Cámara, concretamente del artículo 133, lo que tiene como objetivo que la Mesa de la Cámara pueda decidir unilateralmente si se aplican o no los plazos de los procedimientos de urgencia pese a que lo solicite el Gobierno o el Congreso de los Diputados. La diferencia sería notable, ya que de estar solo 20 días en el Senado pasaría a poder estar hasta dos meses antes de que la Cámara baja diese luz verde al texto legislativo.

Este plazo de dos meses es el máximo que establece la Constitución en su artículo 90 para que la Cámara Alta tramite proyectos de ley que vienen del Congreso, de tal manera que el PP no podrá excederse más allá de este período. Además, el artículo 106 del reglamento del Senado también recoge este plazo de dos meses, a partir del día de la recepción del texto, para aprobarlo expresamente o para oponer su veto introducir enmiendas al mismo y devolverlo al Congreso.

Durante el largo mes de negociaciones que tuvo Feijóo, la amnistía comenzó a ocupar un lugar protagonista en el discurso de la bancada popular ante las exigencias de Carles Puigdemont para apoyar una investidura. Requisitos que los del PP no estuvieron dispuestos a aceptar y que provocó que el líder gallego no reuniese los votos suficientes para entrar en La Moncloa.

Ante el fracaso de Feijóo, Felipe VI encargó formar gobierno a Sánchez. De nuevo, la amnistía volvió a ser el precio fijado por ERC y Junts para garantizar su ‘sí’ en la investidura del líder del PSOE. Aunque los independentistas comenzaron con una postura de máximos, al reclamar un compromiso de «avance hacia un referéndum», finalmente han rebajado sus pretensiones, de tal manera que el acuerdo parece limitado al perdón de los encausados y a mayores concesiones de autogobierno.

¿Qué es la amnistía y en qué se diferencia del indulto?

La amnistía está definida en el diccionario de la Real Academia Española como el «perdón de cierto tipo de delitos, que extingue la responsabilidad de sus autores». Por su parte, el diccionario Panhispánico del español jurídico lo bautiza como una «forma de ejercicio del derecho de gracia que corresponde a los poderes públicos» y lo compara con el indulto para hacer más clara su definición.

«A diferencia del indulto, que se basa en razones de equidad y se concede individualmente, la amnistía tiene naturaleza colectiva y se ordena normalmente por razones de orden político de carácter extraordinario como el término de una guerra civil o un período de excepción», explica.

Este segundo término jurídico ocupó también los titulares de los principales medios de comunicación cuando Pedro Sánchez informó que el Consejo de Ministros había aprobado los indultos a los nueve condenados por el procés que permanecían en prisión en 2021. Sánchez ha defendido su decisión a día de hoy, asegurando que ha favorecido la convivencia en Cataluña: «Hoy tengo la certeza de que fue una buena decisión».

Las dudas que surgen sobre la constitucionalidad de esta medida se basan en que la Carta Magna no incluye mención alguna sobre la amnistía, mientras que sí rechaza de forma explícita los indultos generales. En el artículo 62, la Constitución española recoge que corresponde al monarca «ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales». Para algunos juristas resulta evidente que si la amnistía no encontró hueco en el texto es porque no tiene cabida dentro del marco constitucional, mientras que otros aseguran que este silencio o falta de mención no necesariamente ha de interpretarse como una prohibición.

Por otra, una de las grandes diferencias entre la amnistía y los indultos es que la primera no solo anula la pena impuesta al individuo en cuestión, como recoge el indulto, sino que va un paso más allá y además anula el delito. Así, en el caso del indulto, tiene que existir una condena y un delito, por el cual se perdona al acusado, pero siendo reconocido como culpable; mientras que con la amnistía, se elimina el delito como si no hubiese existido y no requiere que hay una condena previa.

Manifestaciones

Miles de personas se manifestaron nuevamente este martes 7 de noviembre en el centro de Madrid contra una posible amnistía a independentistas catalanes a cambio de que respalden la investidura del socialista Pedro Sánchez como presidente del Gobierno español. Los disturbios durante las protestas, en las que se escucharon gritos contra Sánchez y su partido, el PSOE, dejaron al menos 39 heridos y decenas de detenidos. La división se ha acentuado tras las elecciones de julio y ninguna fuerza política ha logrado los votos necesarios para la formación de Gobierno.

Al menos 39 personas resultaron heridas durante una nueva jornada de protestas contra una posible ley de amnistía a independentistas catalanes a cambio de que se respalde la investidura de Pedro Sánchez. Las manifestaciones terminaron en disturbios en las inmediaciones de la sede nacional del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), ubicada en la calle de Ferraz de Madrid.

El servicio Samur-Protección Civil de Madrid reportó al menos 39 heridos, 29 de ellos agentes, además de seis detenidos luego de registrarse enfrentamientos entre las fuerzas policiales y algunos manifestantes. 

Los disturbios se presentaron en las inmediaciones de la sede nacional del PSOE, ubicada en la calle de Ferraz de Madrid. Durante la movilización, que se inició hacia las 19.00 hora local, se veían pancartas como «España no paga a traidores, amnistía no», «Pedro Sánchez traidor» o «Sánchez a prisión».

Agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional se enfrentaron con un grupo de manifestantes, que lanzaron petardos y otros objetos contra los agentes e intentaron superar las vallas de seguridad de la sede del PSOE.

Otro grupo de miles de manifestantes trató, sin éxito, de llegar al Congreso de los Diputados, lo que bloqueó la Gran Vía, la calle más conocida y transitada de Madrid.

Manifestaciones multitudinarias en Madrid

Según la Delegación del Gobierno, la protesta llegó a reunir a unas 7.000 personas en las cercanías de la sede del partido socialista, donde ya estaba armado un dispositivo policial, incluyendo una amplia valla de protección que cercaba la calle.

Se trata de la quinta jornada de manifestaciones en las inmediaciones de la sede del PSOE, que se han extendido a varias ciudades del país, en protesta contra la ley de amnistía que negocia ese partido con Junts per Catalunya para abrir la vía a la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

Este martes, Sánchez rechazó los disturbios, aseguró que “no quebrarán al PSOE” y calificó de “asedios” las manifestaciones frente a las sedes del partido.

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Agencias

Prensa LOV/ CCGuerra