El relator país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edgar Stuardo Ralón, inició este lunes una visita Perú, que no había sido anunciada, para dialogar sobre el informe que hizo este organismo acerca de las protestas antigubernamentales de 2022 y 2023 y en el que denunció “excesivo uso de fuerza” por parte del Estado.
“El Gobierno del Perú le da la más cordial bienvenida al señor Edgar Stuardo Ralón Orellana, relator país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a los miembros de su delegación”, afirmó el Ejecutivo a través de un comunicado difundido por la Cancillería.
La misión del comisionado Ralón “tiene por objeto continuar el diálogo con el Gobierno del Perú en torno a las recomendaciones efectuadas por la CIDH en su informe de 2023”, precisó la información difundida.
Expuso que la visita responde a una invitación del Gobierno peruano y se inició con una primera reunión oficial en la sede de la Cancillería, presidida por el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, y que contó con los ministros de Relaciones Exteriores, Javier González-Olaechea, y de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana.
Sostuvo que en el marco de esta primera reunión, las autoridades peruanas “ratificaron su adhesión al Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, y también “su compromiso de continuar dando cumplimiento y culminar con la implementación de las citadas recomendaciones”.
La Cancillería detalló que durante la visita de trabajo a Perú, Ralón sostendrá reuniones con altas autoridades de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
También con varios organismos autónomos, como el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, el Ministerio Público, el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, y la Defensoría del Pueblo, entre otros.
En 2023, la CIDH publicó un informe en el que señaló que hubo un uso excesivo de la fuerza en la represión de las manifestaciones de protesta contra la presidenta Dina Boluarte, que dejaron más de 70 muertos entre finales de 2022 e inicios de 2023.
Además, añadió que la violencia en la localidad de Ayacucho por parte del Ejército, donde ocho manifestantes murieron, debe ser investigada “con un enfoque étnico-racial”, y consideró que la situación podría ser considerada como “una masacre”, al haber encontrado “ejecuciones extrajudiciales”.
La CIDH pidió al Gobierno de Boluarte que investigue estos casos de uso excesivo de la fuerza y haga lo posible por reparar a las víctimas.
El organismo detalló una serie de acciones que, a su entender, deberían tomar las autoridades para superar la crisis en el país, siendo la primera el diálogo con las partes afectadas, y en especial con los grupos indígenas, que reclaman una mayor participación política.
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Prensa LOV/CCGuerra