152 femicidios han ocurrido en Venezuela en lo que va de año. En promedio, cada 38 horas muere una mujer en manos de su agresor.
Con miedo, alarma y preocupación, podemos evidenciar un monstruo que sigue creciendo y el Estado no hace nada para detenerlo. No hay acciones, propuestas concretas o alguna respuesta efectiva por parte del Estado venezolano para enfrentar está terrible problemática que deja en evidencia la ausencia de políticas públicas referentes a la protección, la mitigación y la atención de la violencia de género.
Abordar las causas que subyacen en la perpetuación de la violencia contra las mujeres, incrustada en las familias y en los distintos espacios de convivencia social, es imprescindible y el Estado tiene que entenderlo.
La violencia, en todas sus manifestaciones, bien sea sexual, intrafamiliar, por acoso o por trata de personas, es una realidad que afecta a mujeres y niñas de manera desproporcionada debido a su condición de género. Hay problemas que si demoran mucho tiempo en resolverse, terminan en un trágico final, tal y como pasa con gran parte de los femicidios en el país.
En Venezuela, la situación de los derechos de las mujeres que son víctimas de violencia basada en el género (VBG) es realmente entristecedora. La justicia es letra muerta, cuando la impunidad es el principal amparo de los agresores.
Los avances normativos en materia de violencia de género, que se han producido desde el año 2007 con la promulgación de la primera Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia y sus progresivas reformas del año 2014 y 2021 seguirá siendo un cascarón vacío mientras existan limitaciones para acceder a mecanismos de prevención, Protección y denuncia.
En Venezuela, no hay órdenes de protección efectivas para las víctimas, no se hace el seguimiento correspondiente ni se aplican sanciones ante su incumplimiento.
Todas estas barreras que enfrentan las víctimas, son las que ocasionan su desconfianza para denunciar y buscar protección en las instituciones del Estado. Una muestra de ello, es la viralización de estos casos a través de las redes sociales. Las víctimas buscan vías secundarias por la desconfianza que tienen del aparato judicial; situación que forzosamente, muchas veces aumenta las tasas de impunidad y genera el desconocimiento de los hechos y de la verdad.
Es irresponsable, que el Estado Venezolano hablé de la importancia y el rol protagónico de la mujer, cuando hoy en día, las venezolanas seguimos estando en segundo plano en la agenda de sus problemas. Saldar las deudas pendientes con los derechos y la protección de la mujer venezolana, seguirá siendo eco y bandera de protesta hasta que todos nuestros derechos sean respetados.
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Takehydi González
Coordinadora Regional de Mujeres Voluntad Popular Zulia