Un bufete de abogados contratado por el gobierno de Venezuela pidió este lunes a la procuradora de Derechos Humanos de El Salvador que verifique el estado de salud de más de 200 venezolanos presos en ese país tras ser deportados por Estados Unidos.
El gobierno de Donald Trump expulsó el 16 de marzo, al invocar una ley de 1798, a 238 venezolanos a los que acusó sin proporcionar pruebas de ser miembros de la banda criminal Tren de Aragua y a 23 supuestos pandilleros salvadoreños. Otro grupo de 17 deportados llegó este lunes al país.
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Están recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una megacárcel de máxima seguridad con un severo régimen interno y sin visitas.
El abogado Jaime Ortega solicitó a la procuradora Raquel Caballero «una serie de diligencias» para determinar el estado de salud de los reclusos, dijo a la AFP.
Afirmó que los venezolanos se encuentran «bajo circunstancias que generan preocupación» y se debe conocer su «condición de salud», porque algunos pueden necesitar «tratamientos por enfermedades».
Además, señaló que en Venezuela «los familiares están angustiados», por lo que pidió a la procuradora que «se habilite un canal de comunicación» con su bufete y sus familias.
Hace una semana el bufete de Ortega presentó ante la Sala Constitucional, máxima instancia de la Corte Suprema salvadoreña, un recurso de «habeas corpus» a favor de los venezolanos presos en el Cecot.
El abogado explicó entonces que fue «contratado» por el gobierno venezolano y por un Comité de Familiares de Personas Venezolanas Detenidas en El Salvador, desconocido hasta ahora.
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Ortega tiene mandato de 30 de los venezolanos presos, pero «por efecto extensivo» trabaja por la liberación de la «totalidad», indicó.
La Casa Blanca reconoció que pagó «aproximadamente seis millones de dólares» al gobierno de El Salvador para encerrar al primer grupo de expulsados.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, considera esos traslados como un «secuestro» de sus compatriotas y denuncia que fueron llevados «a un campo de concentración nazi en El Salvador».
El Salvador vive desde hace tres años bajo un régimen de excepción con el cual el presidente Nayib Bukele combate a las pandillas. La medida permite detenciones sin orden judicial y es criticada por organismos humanitarios.
Sin embargo, Ortega afirmó que para los venezolanos «el régimen de excepción no aplica, porque son personas que aquí no han cometido delitos».
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Prensa LOV/Carmen Cecilia Guerra
Agencia