Los cinco pueblos indígenas que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta, en el norte de Colombia, están en riesgo de «extinción física y cultural» por la acción de actores armados y falta de protección estatal, advirtió el martes la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
El riesgo «es real. Es una tragedia que podemos y debemos prevenir», indicó en un comunicado Scott Campbell, representante en Colombia de ONU Derechos Humanos, tras visitar la región.
Campbell instó al Estado colombiano a tomar medidas urgentes para proteger a los pueblos Kogui, Wiwa, Arhuako, Kankuamo y Ette Naka, que suman más de 54.700 personas según el censo disponible del Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia.
Se trata de los mismos pueblos indígenas cuyo conocimiento ancestral fue reconocido en la lista de patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la Unesco por desempeñar un papel «fundamental» en la protección del ecosistema que habitan.
La principal amenaza para los pueblos indígenas son los grupos armados ilegales que se disputan el control de la zona, que incluye los departamentos de Magdalena, Cesar y La Guajira, donde hay rutas estratégicas para el narcotráfico y otros ilícitos.
En los tres departamentos operan grupos como las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y el Clan del Golfo, el mayor cártel de drogas activo en el país.
Según Campbell los pueblos indígenas están sufriendo «ataques crueles» por parte de los armados con «consecuencias devastadoras en sus vidas, su tierra, su territorio, su gobierno propio, su autodeterminación, su cultura, su espiritualidad y su sistema de justicia propia».
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La oficina de derechos humanos de la ONU ha identificado un incremento de la violencia en la Sierra Nevada de Santa Marta desde 2022 por la disputa del control territorial que ejercen los grupos ilegales y que incluyen imposición de toques de queda, horarios para movilizarse, presencia de armados en reuniones propias de los indígenas y reglas de convivencia.
Este año la ONU ha recibido cinco alegaciones de homicidios de personas defensoras de derechos humanos en la zona y documentado una masacre con tres víctimas.
Para la ONU la respuesta del Estado ante la violencia que asedia a los pueblos indígenas ha sido «lamentablemente insuficiente».
Colombia lidia con múltiples grupos armados ilegales pese a que en 2016 el Estado firmó un histórico acuerdo de paz con la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la que fuera la más antigua de Latinoamérica. Sin embargo, otras estructuras ilegales —incluidas disidencias de las FARC— cooptaron con el tiempo el territorio que antes dominaba esa guerrilla.
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La ONU condenó las «acciones violentas» de los armados y los instó a respetar los derechos humanos.
El gobierno del izquierdista Gustavo Petro lanzó una política llamada «paz total» que tenía la ambición de disminuir la violencia con múltiples diálogos paralelos con grupos armados. Actualmente están suspendidas las conversaciones con la guerrilla Ejército de Liberación Nacional y con la mayor parte de las disidencias de las FARC.
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Prensa LOV/Carmen Cecilia Guerra
Diario La Calle