Tras meses de espera, la CPI emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, su exministro de Defensa Yoav Gallant y contra el comandante de Hamás Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri (Deif). Los tres están acusados de crímenes de guerra por los ataques en Israel y en Gaza. ¿Qué pasará ahora? ¿Serán arrestados? France 24 repasa los posibles escenarios.
Es un precedente histórico para líderes identificados con el bloque occidental.
Los tres jueces de la Corte Penal Internacional emitieron este jueves 21 de noviembre las órdenes de detención, solicitadas en mayo por el fiscal Karim Khan, contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu y su exministro de Defensa Yoav Gallant por crímenes de guerra y contra la humanidad debido a su rol directo en la ofensiva contra la población civil en Gaza.
El tribunal también emitió una orden de arresto contra Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri, conocido como Deif, jefe de las Brigadas Al-Qassam, el ala militar de Hamás, por su papel en los ataques mortales en suelo israelí del 7 de octubre de 2023. No obstante, el Ejército israelí asegura que Deif murió en un ataque aéreo en Gaza en julio.
La CPI afirma que hay bases sólidas para creer que Netanyahu y Gallant, destituido el pasado 5 de noviembre, tienen «responsabilidad criminal» por causar hambre masiva en Gaza como método de guerra, en referencia a la restricción sistemática de alimentos y ayuda humanitaria en Gaza desde el 7 de octubre de 2023.
La CPI también los acusa de «crímenes contra la humanidad, asesinatos, persecución y otros actos inhumanos», mencionando ataques deliberados contra hospitales y la negativa de permitir la entrada de ayuda humanitaria y suministros médicos en la Franja.
Tras la emisión de las órdenes, el primer ministro israelí calificó a la Corte como «antisemita» y Gallant denunció un «peligroso precedente» que incentiva el «terrorismo». Por su parte, la Autoridad Palestina lo describió como una «señal de esperanza».
¿Serán arrestados Netanyahu, Gallant y Al Deif?
Entre los países miembros de la CPI están la Unión Europea, Reino Unido, Canadá, Japón, Brasil y Australia. En Oriente Medio, son miembros los territorios palestinos y Jordania. Sin embargo, ni Israel ni Estados Unidos forman parte de la corte.
Todos los Estados miembros están obligados, según los estatutos de la CPI, a arrestar y entregar a cualquier individuo sujeto a una orden de arresto si entra en su territorio.
Países como Canadá o España afirmaron este jueves que cumplirán con la orden.
Sin embargo, la CPI no tiene medios propios para hacer cumplir las órdenes, ya que carece de una policía propia y depende de las autoridades de los Estados miembros.
El compromiso de los países varía. Por ejemplo, en 2015, Sudáfrica generó controversia cuando el expresidente sudanés Omar al Bashir, buscado por la CPI, escapó del país con la complicidad de las autoridades tras asistir a una cumbre.
Además, aunque los Estados miembros están obligados a colaborar, la CPI no puede sancionarlos si no lo hacen. Lo único que podría hacer es remitir el caso al Consejo de Seguridad de la ONU.
Netanyahu y Gallant podrían seguir viajando, pero se arriesgarían a ser arrestados.
Sobre Deif, que nació en el campamento de refugiados de Khan Yunis en 1964 y nunca ha salido de la Franja de Gaza. Israel afirmó haberlo matado en julio y no está claro todavía si sigue vivo.
En precedentes similares, la CPI emitió una orden de arresto contra el presidente ruso, Vladímir Putin, en marzo de 2023 por la invasión a Ucrania, pero Putin no ha sido arrestado.
¿Qué pasa si son arrestados y qué cambia en la práctica?
La decisión puede llevar a Netanyahu y Gallant a limitar sus viajes internacionales, aunque esto no aplica en Estados Unidos, donde no corren riesgos. Y, enfrentarían un juicio solamente si son arrestados ya que la CPI no puede juzgarlos en ausencia.
Pese a las escasas probabilidades de arresto, organizaciones de Derechos Humanos consideran que la decisión de la CPI es un paso simbólico importante.
Balkees Jarrah, consejera principal de Human Rights Watch, afirmó:
- «Las órdenes de arresto de la CPI contra líderes israelíes y un alto funcionario de Hamás rompen la percepción de que ciertas personas están fuera del alcance de la ley».
«Que la CPI pueda cumplir su mandato dependerá de la disposición de los gobiernos para apoyar la justicia, sin importar dónde se cometan abusos y quién los cometa. Estas órdenes deben impulsar a la comunidad internacional a abordar las atrocidades y garantizar justicia para todas las víctimas en territorios palestinos e Israel», agregó.
Analistas también consideran que esta decisión tendrá implicaciones para naciones occidentales, especialmente en Europa.
Neve Gordon, profesor en Derechos Humanos en la Universidad Queen Mary de Londres, afirmó en Al Jazeera: «Si los líderes de Israel son acusados de crímenes contra la humanidad, significa que las armas enviadas por países europeos se están utilizando para cometer crímenes. Los países occidentales deben ahora reevaluar sus acuerdos comerciales».
Finalmente, en abril de 2013, tras reuniones de funcionarios de la ONU con el ministro sudanés Ahmed Harun, también acusado por la CPI, la ONU adoptó un código de conducta que impone a los estados limitar sus contactos con «criminales de guerra» perseguidos por la CPI a interacciones «indispensables», lo que plantea interrogantes entre los aliados occidentales de Tel Aviv.
¿Qué sucederá con la CPI?
En los últimos meses, el fiscal de la CPI ha enfrentado numerosas presiones. Aliados de Israel intentaron influir contra la corte, como lo solicitó públicamente Benjamin Netanyahu. Con el respaldo de jueces, profesores, abogados y Estados, se presentaron informes para oponerse a las órdenes de arresto.
Lindsey Graham, uno de los senadores estadounidenses críticos de la CPI cuando persigue a aliados de Washington, amenazó con activar una ley estadounidense «anti-CPI» de 2002.
La ley permite al presidente de Estados Unidos usar «todos los medios necesarios» para liberar a personas «detenidas injustamente» por la CPI. Además, en junio, la Cámara de Representantes aprobó sanciones contra quienes cooperen con la corte en este caso. En 2020, Estados Unidos ya había sancionado a la entonces fiscal, Fatou Bensouda.
¿Qué pueden hacer los acusados?
Si la emisión de las órdenes marca un paso importante, el caso está lejos de concluir. Israel o los propios acusados pueden solicitar que la CPI se declare incompetente.
Esto solo será posible si logran demostrar, por ejemplo, que están siendo juzgados por los mismos hechos en tribunales israelíes competentes.
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Prensa LOV/CCGuerra