El Gobierno de Chile le asignó una «alta prioridad» a la extradición desde Australia de la exagente de la dictadura Adriana Rivas, sometida a proceso en el país suramericano como coautora del secuestro calificado de opositores.
«Valoramos la decisión del Gobierno de Australia, el pasado mes de agosto, de conceder la extradición de la Sra. Rivas a objeto que retorne a Chile y enfrente los cargos por los que ha sido imputada», dijo la Cancillería chilena a través de un comunicado.
En particular, a Rivas se le imputan delitos en los casos ‘Conferencia I’, ‘Conferencia II’ y el episodio ‘Reinalda Pereira’, hechos en los que opositores políticos a la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), en particular siete miembros del Partido Comunista de Chile, fueron asesinados y desaparecidos desde cuarteles clandestinos de exterminio en Santiago.
Rivas fue agente de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), organismo represivo que operó hasta 1978 bajo el mando de Manuel Contreras persiguiendo, apresando, torturando, asesinando y desapareciendo a militantes de izquierda y ciudadanos contrarios al régimen que derrocó al presidente democráticamente electo Salvador Allende (1970-1973).
El Gobierno chileno señaló que «toma nota de la decisión de la defensa de la Sra. Rivas de impugnar la concesión de la extradición ante la Corte Federal de Australia, cuya primera audiencia de revisión se efectuará el próximo 14 de noviembre y a la que asistirá el embajador de Chile en Australia».
«A este respecto, reiteramos nuestro profundo compromiso con el respeto y la promoción de los derechos humanos, así como con la necesidad de que los responsables de graves crímenes rindan cuentas ante la justicia chilena», agregó la Cancillería.
La dictadura de Pinochet dejó al menos 3.200 opositores asesinados, de los que 1.469 fueron víctimas de desaparición forzada. Tras décadas de búsqueda se encontraron e identificaron los restos de 307 y aún falta encontrar a otros 1.162, según las últimas cifras oficiales.
El Gobierno del progresista Gabriel Boric presentó hace un año el Plan Nacional de Búsqueda, cuyo objetivo es «esclarecer las circunstancias de desaparición y/o muerte de las personas víctimas de desaparición forzada, de manera sistemática y permanente, de conformidad con las obligaciones del Estado de Chile y los estándares internacionales», según la web del programa.
Es la primera vez desde el retorno a la democracia que el Estado chileno asume la búsqueda de los desaparecidos, pues hasta ahora la tarea había estado a cargo de grupos de familiares, agrupaciones de víctimas de la dictadura y organizaciones de derechos humanos.
En Chile ha habido decenas de juicios por violaciones a los derechos humanos durante el régimen de Pinochet, quien sin embargo murió en 2006 a los 91 años de edad sin ser condenado por su responsabilidad en los crímenes.
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Prensa LOV/CCGuerra