La Unión Europea extiende las sanciones contra funcionarios Venezolanos por seis meses, Caracas lo cataloga como “arrogante e ilícita”

El Consejo de la Unión Europea resolvió este lunes 13 de noviembre extender por seis meses más las sanciones en contra de Venezuela. El organismo decidió reducir el tiempo de las restricciones, que antes tenían una duración de un año, por “los avances” que han visto en el país suramericano. Sin embargo, para el Gobierno de Nicolás Maduro, mantener estas medidas “arrogantes e ilícitas” representa una “injerencia” en asuntos del país, por lo que no permitirán la participación la Unión Europea en los procesos políticos internos.

El mundo ha visto con buenos ojos los acuerdos del Gobierno de Nicolás Maduro con la oposición para unas elecciones libres y transparentes en 2024. Durante la revisión de sus sanciones contra la nación suramericana, el Consejo de la Unión Europea saludó el diálogo y la apertura del oficialismo para los próximos comicios.

“El Consejo acoge con satisfacción el acuerdo político liderado por Venezuela del 17 de octubre de 2023 en Barbados, que representa un paso positivo y necesario en la continuación de un proceso de diálogo inclusivo y hacia la restauración de la democracia en Venezuela”, dice un comunicado de la Unión Europea.

Por ello, el consejo decidió acortar excepcionalmente la duración de las sanciones de 12 a 6 meses. Las sanciones, vigentes desde 2017, incluyen un embargo de armas y equipos para la represión interna, así como una prohibición de viajar y una congelación de activos a 54 funcionarios, que serían los supuestos “responsables de violaciones de derechos humanos, así como de socavar la democracia y el Estado de derecho en Venezuela”.

Sanciones de la UE contra Venezuela

Las medidas restrictivas de la Unión Europea contra Venezuela se impusieron “en respuesta al continuo deterioro de la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos en Venezuela”. El bloque europeo informó que el objetivo es ayudar a “fomentar soluciones democráticas compartidas con el fin de traer estabilidad política al país y permitirle abordar las necesidades apremiantes de la población”.

En esta última revisión, el consejo también acordó que estas medidas son flexibles y reversibles y están diseñadas para no dañar a la población venezolana. Sin embargo, recuerdan que pueden ampliarse o revertirse de acuerdo con los avances en el “el restablecimiento de la democracia, el Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos en Venezuela”.

El consejo realizará una nueva evaluación el próximo 14 de mayo, cuando concluya el periodo de sanciones y asegura estar dispuesto a abordar nuevamente esta revisión en cualquier momento.

Venezuela rechaza la extensión de las sanciones

Una decisión “arrogante e ilícita”. Así calificó el Gobierno de Nicolás Maduro la resolución del Consejo de la Unión Europea de prorrogar las sanciones hasta mayo del próximo año.

En respuesta, el Gobierno dijo que esa medida «inhabilita» al bloque europeo para participar en los procesos políticos venezolanos porque, asegura, “viola los principios sagrados de la Constitución y transgrede las normas descritas en la Carta de las Naciones Unidas”. El oficialismo ha señalado que las restricciones son “ilegales coercitivas y unilaterales”.

“La Unión Europea refleja ante la comunidad internacional, una vez más, la continuidad de su política injerencista en los asuntos internos de la República Bolivariana de Venezuela, aplicando medidas degradantes, dañinas e injustas que, en este caso, pretenden castigar a ciudadanos venezolanos que ejercen sus funciones en el marco de la ley”, dice un comunicado del Gobierno.

Las sanciones son individuales

La prorroga de las sanciones individuales contra 54 personas vinculadas al gobierno del presidente Nicolás Maduro, por “acciones persistentes de menoscabo de la democracia, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos”, pero se muestra dispuesta a considerar la «flexibilización o revocación» de las medidas dependiendo de la evolución de la implementación del acuerdo de Barbados.

Entre los integrantes más visibles de la lista actualizada se encuentran Elvis Amoroso, presidente del CNE y excontralor general de la República; Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y diputado de la Asamblea Nacional (AN) de mayoría oficialista; Tareck El Aissami, ex ministro de Petróleo y ex presidente de Petróleos de Venezuela.

También figuran Gustavo González López, director general del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN); (PDVSA); Iván Hernández Dala, director general de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM); Alexander Granko, director de la División de Asuntos Especiales (DAE) de la DGCIM; Hannover Guerrero, segundo comandante y jefe del Estado Mayor de la 35 brigada de la Policía Militar.

Además, Sandra Oblitas, ministra de Educación Universitaria; Carlos Calderón, agente del comando de élite de la Policía Nacional de Venezuela (PNB/FAES); Rafael Franco Quintero, general de la Fuerza Armada Nacional (FANB) y jefe de seguridad del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, entre otros.

Otros funcionarios sancionados son Remigio Ceballos Ichaso, ministro Interior y Justicia de Venezuela; Néstor Reverol, ministro de Energía Eléctrica; Tarek William Saab, fiscal general de la República y Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela.

También, Freddy Bernal, gobernador del estado Táchira; Maikel Moreno, ex presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela; Alexis Escalona, jefe de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONDOFT) y Omar Prieto, ex gobernador del estado Zulia, entre otros.

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Con información de France 24

Prensa LOV/ CCGuerra